La zona ya cuenta con diversas figuras legales de protección gracias a los esfuerzos de los gobiernos de Uruguay y Argentina, que han creado áreas protegidas para contribuir a la conservación de la biodiversidad en ambos países.
Con el objetivo de potenciar estos esfuerzos, las organizaciones involucradas trabajarán para optimizar la figura de protección y alcanzar la gestión efectiva de áreas protegidas hermanas sobre el Río Uruguay.
Del lado argentino, las islas pasarán a ser parte de un Parque Natural Provincial, y del lado uruguayo del Parque Nacional Esteros de Farrapos e islas del Río Uruguay.
La entidad filantrópica de conservación Butler Conservation Gilbert Butler, proveerá el 100% de los fondos para la compra y donación de tierras e infraestructura en ambos países.
Los equipos de Wildlife Conservation Society Argentina (WCS) y Cono Sur trabajarán coordinadamente con The Nature Conservancy (TNC), Banco de Bosques, la Asociación Civil Uruguaya AMBÁ y los gobiernos locales para gestionar la adquisición y donación de las islas a los Estados, el diseño del corredor de conservación, el fortalecimiento de infraestructura y de las capacidades para el manejo efectivo de las áreas.
TURISMO, EDUCACIÓN Y CIENCIA PARA CONSERVAR
También se preservarán sus servicios ecosistémicos y su funcionalidad ecológica, de gran relevancia para la regulación de las crecidas del rio, el mantenimiento de la calidad de agua, la prevención de la erosión, y el sustento de actividades productivas y culturales que benefician a las comunidades en ambas márgenes del río.
A su vez, el valor paisajístico del Río Uruguay permite disfrutar sus bellezas naturales y tradiciones por parte de los habitantes de las localidades ubicadas en sus orillas – Fray Bentos, Nuevo Berlín y San Javier del lado uruguayo, y Concepción del Uruguay y Gualeguaychú del lado argentino – y de los grandes centros urbanos cercanos – Montevideo y Buenos Aires.
En este escenario, la iniciativa también propondrá espacios de colaboración con las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de ambos países para diseñar e implementar infraestructura que permita generar nuevas oportunidades de recreación y uso público de calidad, educación ambiental, ciencia y desarrollo económico sustentable.